miércoles, 18 de junio de 2014

¿Habitantes de Bouwer querrán convivir con un segundo vertedero de basura?

Bouwer: impulsarán consulta popular
Legislador del Frente Cívico dijo que la promoverán. Lo habilita la nueva ley de ambiente, que hasta ayer no había sido promulgada.
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“Vamos a avanzar para que haya consulta en el caso de Bouwer y en otros”, sostuvo Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico en referencia a la planta de tratamiento y disposición final de residuos que Cormecor prevé instalar al sur de esa localidad. “La ley fue pensada en función de muchos de los conflictos ambientales actuales de la provincia”, afirmó Clavijo. 
La ley provincial de ambiente Nº 10.208, aprobada en medio de graves disturbios el miércoles pasado, establece que las instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios con capacidad de recibir basura de más de 100 mil habitantes estarán sujetas de manera obligatoria a la evaluación de impacto ambiental.
Ese proceso incluye un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública obligatoria, previo al otorgamiento de la las autorizaciones por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial.
Si bien para la mayoría de los casos la ley prevé una audiencia pública, en los artículos 68º y 69º establece: “Los proyectos aprobados y que en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hayan sido categorizados como de Alta Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social deben ser sometidos a consulta popular”.
En esa localidad, un grupo de vecinos y el intendente Juan Lupi rechazan la instalación del vertedero ya que temen que cause daño ambiental en una zona donde ya hubo un enterramiento que aún no fue remediado. 
De acuerdo con la ley, la consulta popular puede ser exigida por el Poder Ejecutivo, el Legislativo o por la población afectada, si junta un número determinado de firmas. 
En el caso de Bouwer, por tener menos de 10 mil habitantes, se exigen las firmas de al menos el 20 por ciento del electorado.
La ley indica que están habilitadas a participar las personas registradas en el último padrón electoral de la localidad o región potencialmente afectadas y establece que el proceso de certificación de firmas será gratuito y acorde al procedimiento que disponga el Ministerio. 
Pocas precisiones
Consultado por este diario, Jhon Boretto, el presidente de Cormecor –la sociedad anónima que integran la Municipalidad de Córdoba junto a otros nueve municipios metropolitanos para gestionar los residuos– dijo: “Sabemos que (la autorización de la planta de Bouwer) está enmarcada en la nueva ley, pero aún no sabemos cómo se va a instrumentar”.
Sobre la hipótesis de una posible consulta popular, Boretto sostuvo: “No sé como se podría instrumentar. ¿Quiénes votarían?”, se preguntó. “No está dentro de ningún ejido municipal”.
Por su parte, el intente Lupi dijo que desconocía el texto fino de la ley y que lo estaba analizando su asesor en ese tema.
Hasta ayer, la ley todavía no había sido promulgada por el gobernador José Manuel de la Sota. Luego de su promulgación, se espera que el Poder Ejecutivo redacte una reglamentación.
La planta de residuos se planea construir en un predio de 270 hectáreas, a 18 kilómetros al sur de la Capital, a metros del ejido municipal de Bouwer. 
La Provincia aún no expropió el terreno; esperará a que está aprobada la evaluación de impacto ambiental. En tanto, Cormecor ya advirtió que necesita con urgencia empezar los trabajos porque se agota la capacidad del enterramiento actual, de Piedra Blanca. 
Definen tecnología

Jhon Boretto, presidente de Cormecor, dijo que el jueves que viene se realizará la exposición de las conclusiones de un workshop efectuado el año pasado para decidir qué procedimiento y tecnología se usará para el tratamiento de los residuos.  

sábado, 7 de junio de 2014

Postergarían expropiación

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/postergan-expropiacion-nuevos-predios-enterramiento

Postergan la expropiación de nuevos predios de enterramiento

Trascendidos indican que la Provincia es reticente a acelerar la expropiación de los predios que deberían reemplazar a Piedras Blancas, por la resistencia social que el tema genera. La resolución podría “estirarse” hasta luego de las elecciones de 2015.


07/06/2014 00:00
Por Florencia Ripoll


Para quienes sucedan a José Manuel De la Sota y a Ramón Mestre podría quedar la resolución de un tema clave: dónde localizar y tratar por las próximas décadas la más de dos mil toneladas de basura que a diario genera esta capital y más de una quincena de localidades del Gran Córdoba.

Y eso aunque en lo formal, tanto Provincia como municipio, señalan que se avanza en completar los pasos necesarios para expropiar los dos terrenos donde se determinó que deberían ubicarse el enterramiento (zona sur, cerca del actual Piedras Blancas) y una estación de transferencia (al norte, próxima a Juárez Celman). Esta tarea está institucionalmente en manos de Cormecor, la SA constituida por la intendencia capitalina –socia mayoritaria– y localidades del Gran Córdoba que relevará en breve a Crese en el manejo final de los residuos.

Aunque el Gobierno de Córdoba no la integra, es actor clave: otorga los permisos ambientales para montar los complejos y aporta imprescindibles recursos para financiar las expropiaciones. Además, aunque la mayor aportante de residuos sea la ciudad de Córdoba, lo que está en juego es la resolución de un problema que por regional excede el ejido capitalino y que además involucra a varios jefes comunales del PJ.

En ese marco, es en realidad de Mestre y de De la Sota de quienes dependen los avances de todo el proyecto. Aunque para la foto ambos mandatarios hablan de “trabajo conjunto”, fuentes con acceso a las negociaciones aseguran que desde hace tiempo se agotó un combustible imprescindible del proceso: la “voluntad política” de la Provincia para motorizar las expropiaciones, un trámite que en cualquier caso implica lidiar con fuertes rechazos sociales con eco en la opinión pública.

Según trascendió, en el escenario planteado luego del “caso Monsanto” y la álgida resistencia que detonó, la Gobernación no estaría dispuesta a lidiar en los 18 meses de gestión que restan a De la Sota con el candente tema de dónde poner la basura, y más considerando que desde su perspectiva se trata de un problema completamente ajeno, que cae de lleno sobre los hombros del municipio.

Favoreciendo el “patear” hacia adelante de las decisiones juegan factores formales reales, como la solicitud a la intendencia de un estudio de impacto ambiental previo a expropiar –inicialmente las partes hablaban de estudios post expropiación, pero este año la Provincia lo interpuso como requisito– y el requerimiento de los proyectos ejecutivos de enterramiento y estación de transferencia, que aún no están trazados.

El municipio tampoco ha demostrado hasta ahora celeridad en tratar de satisfacer requisitos. Y la propia Cormecor no termina de constituirse formalmente, a la espera de los aportes económicos de las ciudades miembros.

Sumando avatares al escenario talla la ley de ambiente que se prepara para sancionar la Unicameral, entre cuyas novedades aparece la realización de audiencias públicas como paso previo a la ejecución de proyectos de alto impacto.

Plan b en marcha. Con la Provincia mirando para otro lado, y varios frentes abiertos e irresueltos en materia de ambiente –la licitación del servicio de higiene urbana, fundamentalmente– la intendencia parece estar acomodándose a la idea de que “patear” el tema enterramiento para la próxima gestión es el escenario más factible y quizá el menos problemático. Por lo pronto, y ante la encerrona, ya trazó un plan de mejoras para ampliar la capacidad del enterramiento de Piedras Blancas (abierto como “provisorio” por un año por Daniel Giacomino, en 2009). Y logró colaboración de la Provincia en esa labor: préstamo de maquinaria para apurar el traslado de tierra al cerrado predio de Bouwer –eso facilita el cavado y ampliación de la fosa donde se entierra la basura– y habilitar el corrimiento de una línea de alta tensión que cruza el predio y limita su uso en ese sector. Con ese trajín, espera estirar varios meses la vida útil del enterramiento que, en el mejor de los escenarios, llegará hacia fines de 2015 e inicios de 2016.